SAN JUAN. El máximo responsable de la Justicia de Puerto Rico se reconoció ayer “sorprendido” ante la decisión del Supremo de EE.UU. de invalidar la Ley de Quiebra Criolla, ya que opina deja desvalida a la isla para lidiar con la deuda que acumulan sus entidades públicas.
El secretario del Departamento local de Justicia, César Miranda y Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, se manifestaron en desacuerdo con la determinación del Tribunal Supremo de que la Ley federal de quiebras impide que Puerto Rico adopte sus propias leyes para lidiar con la reestructuración de las corporaciones públicas.
“Estamos convencidos de que es jurídicamente imposible dejar a Puerto Rico en una total indefensión con relación al tema de la reestructuración de su deuda”, argumentó Miranda. Según dijo en un comunicado, “no hay precedente en el sistema de justicia americano en el que se haya dejado desprovisto de un recurso de reestructuración a ningún estado de EE.UU.”.
El Supremo federal determinó que la isla no puede recurrir a la ley que el Gobierno local proclamó en 2014 para establecer su propio mecanismo de bancarrota y reestructurar su deuda de US$72.000 millones.
Los magistrados determinaron que la deuda de Puerto Rico depende del Congreso de EE.UU., cuya Cámara baja aprobó la semana pasada un proyecto de ley para facilitar la reestructuración de la deuda con un mecanismo de supervisión y que ahora deberá pasar por el Senado, donde no se espera que tenga grandes obstáculos.
En su sentencia los magistrados afirmaron que las leyes federales “prohíben a Puerto Rico promulgar su propio esquema municipal de bancarrota para reestructurar la deuda de las compañías públicas insolventes”. EFE
