Los pagos secretos de Punta Catalina confirman el involucramiento directo del gobierno

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Las recientes revelaciones sobre los pagos secretos de 39.5 millones de dólares que hizo Odebrecht para la obtención del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina han confirmado la existencia de una vasta operación de encubrimiento de la corrupción articulada desde la Presidencia de la República.

El descubrimiento de estos pagos secretos profundiza la crisis política abierta por la pretensión del presidente Danilo Medina de perpetuarse en el poder modificando por medios ilegítimos la Constitución de la Republica.

La puesta en evidencia del involucramiento de la Presidencia en la conspiración corrupta de Odebrecht determina que no habrá tercer mandato del presidente Danilo Medina y si los acontecimientos siguen el derrotero que están tomando es posible que, como lo señaló hace algunos meses la APD, el mandatario no termine su segundo mandato.

Los documentos dados a conocer demuestran que el gobierno dominicano siguió una línea general de ocultamiento de los pagos secretos de Punta Catalina y del conjunto de hechos de corrupción asociados a las operaciones de la empresa Odebrecht.

Queda evidenciado que el presidente Medina participó de manera directa en la operación de encubrimiento al crear, el 10 de enero de 2017, mediante el decreto 6-17, una comisión de notables (Comisión Agripino), atribuyéndole facultades de investigación al margen de la ley.

Apoderado de una acción directa en inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional avaló de hecho la ilegalidad, al retardar y luego obviar un fallo sobre el fondo del asunto.

La Procuraduría General de la República excluyó todo tipo de sometimientos por el caso particular de Punta Catalina, asumiendo como válido el dictamen ilegal de la Comisión Agripino.

El juicio preliminar en la Suprema Corte de Justicia partió de las mismas falsas premisas orientadas a excluir del caso judicial de manera irregular las plantas de carbón de Punta Catalina, convirtiendo ese juicio en un montaje orientado a denegar justicia, encubriendo a los principales responsables de los hechos de corrupción cometidos por Odebrecht y los altos funcionarios del Estado coaligados con esta.

Se confirma igualmente que Odebrecht “no contó toda la historia” y que fue falsa su proclamada disposición de “colaborar de manera irrestricta” con el esclarecimiento de la trama corrupta. De hecho, empresa y Estado se confabularon para ocultar información fundamental.

Aun en el caso de que fuese cierto, como afirma hoy Odebrecht, que todas las informaciones contenidas en el informe que acaba de ser dado a conocer estaban en posesión de las autoridades, ello confirmaría la fundada sospecha de que la Procuraduría General de la Republica hizo caso omiso de estas evidencias para proteger a los implicados en la conspiración de las plantas de carbón de Punta Catalina.

A partir de los niveles de conocimiento que ya se tienen de la trama, se puede afirmar que más que complicidad de algunos funcionarios con la empresa, lo que hubo fue una colusión entre los más altos funcionarios de la nación con los más altos ejecutivos de la compañía para la ejecución de la acción delictiva.

Los pagos secretos por Punta Catalina evidencian que el gobierno y buena parte del aparato judicial destilan pus, lo que deja la ciudadanía sin instancias legítimas a las que pueda recurrir, imponiéndose la necesidad de un saneamiento para que nuestro pueblo pueda salir adelante.

Los responsables de la estafa, comenzando por su cabeza principal, deben ser señalados, separados de sus cargos, para ser sometidos, en su momento, a una Justicia saneada e independiente.

El primer paso, inmediato, debe ser la debida identificación y publicación de los nombres de los beneficiarios de los pagos secretos ilegales que todavía, por poco tiempo, se esconden bajo los seudónimos que les permitieron tocar su parte del pastel en el festín de la corrupción.

Al desmoronarse la versión oficial de la supuesta limpieza del proceso de licitación y adjudicación de las plantas de Punta Catalina, y al perder credibilidad los fariseos que la enarbolaron, el propósito de imponer una reforma constitucional por medios ilícitos queda muy debilitado, haciéndose prácticamente irrealizable.

No obstante, en su desesperación, las fuerzas políticas comprometidas con lo que han llamado su “plan de perpetuación en el poder”, podrían recurrir a medidas extremas que amenacen el sistema de libertades públicas y los derechos democráticos del pueblo dominicano.

Ejemplo de lo anterior fue la brutal agresión a legisladores y manifestantes frente al Congreso Nacional y el cerco al propio Congreso, que podría ser calificado más bien como un cerco a la democracia.

Ante esta situación, nuestro pueblo debe hacerle frente a cualquier intento por darle una salida autoritaria a la grave crisis de confianza y legitimidad que se ha profundizado con los pagos secretos ilegales de Punta Catalina.

El llamado de la Alianza por la Democracia en las presentes circunstancias, es un llamado a la marcha unida de todas las fuerzas políticas y sociales realmente interesadas en el desarrollo democrático y social de la República Dominicana.

Dirección Ejecutiva de la Alianza por la Democracia.

Firma responsable: Max Puig