Ley 33-18 y Primarias

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EL AUTOR es presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD). Reside en Santo Domingo.

Con la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley 33-18, que por demás es discriminatoria, inequitativa y antidemocrática, se ha armado un reperpero y un ambiente de nerviosismo, desesperación y confusión, sobre todo en los más de 20 partidos emergentes. Aunque no en la misma proporción, pero hasta los mismos legisladores y partidos que sancionaron esa ley se sienten confundidos en algunos de sus artículos.

La lógica y el sentido común nos dice que los partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo para pasarle la guillotina a los partidos minoritarios y de esa manera erigirse en solo dos o tres fuerzas políticas del sistema de partidos hasta llegar al bipartidismo.

El artículo 75 de dicha ley endurece los requisitos para mantener el reconocimiento a estos partidos. Exige cumplir con 6 requisitos al mismo tiempo. La casualidad ni el azar primaron para aprobar esa ley en desmedro de los partidos emergentes; hubo un propósito avieso, premeditado y perverso, amarrado a una voluntad evidente de sacar de circulación a dichos partidos emergentes.

La ley limita las alianzas al 20% del universo, eso acarrea tremendas dificultades para estos partidos que no tienen capacidad para competir con los mayoritarios en las candidaturas a diputados, regidurías y alcaldías; otra dificultad es el voto preferencial en el nivel municipal para regidores y vocales; para las alianzas, por el tamaño de las circunscripciones, el escrutinio secreto y la inexistencia de observadores.

En lo atinente a las primarias, contentiva en los artículos 45, 46 y 47 y como una de las modalidades de elección de candidaturas, estas fueron insertadas por el partido-Estado y cuyo “gancho” o estrategia mal intencionada fue asumida por dos partidos de oposición. En definitiva, esos dos partidos aceptaron ir a primarias pero cerradas; el PLD optó por primarias abiertas, y tienen razón, por que los recursos provenientes del presupuesto y toda la riqueza acumulada fruto de la corrupción en los casi 20 años que tiene ese partido gobernando. Esas primarias son una especie de elecciones nacionales adelantadas.

De buenas a primeras el tema en discusión es quién paga o financia esas primarias. El gobierno ha dicho a través de varios ministros que no contempló en el presupuesto los RD$. 1449 MM. que faltan para los gastos de ese certamen electoral. Ahora el PLD dice que pagará los costos, pero también lo ha dicho el PRM. Cómo compite un partido de oposición con el partido que ostenta el poder de manera avasallante y dispendiosa en el manejo de los recursos. Quien tendrá mayor capacidad de convocatoria será el PLD, cuyo resultado de esas primarias serán parecidos a los resultados de las elecciones nacionales del 2020.

A la Junta Central Electoral la han metido en “una camisa de 11 varas” y se siente atrincherada, llegando a implorar al gobierno para que erogue los recursos faltantes para esas primarias, hasta el colmo de iniciar un diálogo que le permita mostrar lo que dicen los artículos 47 y 62 de la referida ley, para establecer de manera clara la cantidad que falta para el presupuesto de esas primarias; es decir, que existe una confusión en esos dos artículos y que amerita ser aclaro o debidamente interpretado.

La ley de partidos políticos y las primarias contenida en ésta fue una nueva encerrona orquestada por el PLD y su gobierno. Pena que los partidos de oposición llamado mayoritarios se hallan dejado engañar solo bajo el pretexto de que debíamos tener la ley posible. Esa ley castra y pulveriza la democracia, la participación, la igualdad, la equidad y la postulación a cargos de elección popular en los liderazgos emergentes: jóvenes, mujeres, empresarios y emprendedores que quisieran participar en los próximos procesos electorales.

Lo peor es que tanto la ley de partidos como la del régimen electoral, después de años de discusión ahora se aprueban al vapor, tanto así son sus errores que sobre la primera se han incoado una serie de acciones en inconstitucionalidad de más de 10 artículos, algo que crea más incertidumbre para su ejecución, tanto a los partidos sobre todo de oposición como a la propia Junta Central Electoral.