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viernes, octubre 30, 2020

La deriva autoritaria de Erdogan en cifras y hechos

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha reaccionado al fallido golpe de Estado del pasado viernes con una aparente deriva autoritaria que, hasta el momento, se ha traducido en la imposición del estado de emergencia durante los próximos tres meses, 11.000 detenidos y más de 60.000 personas apartadas de su cargo.

El Gobierno de Ankara ha culpado al clérigo Fethullah Gulen, actualmente en Estados Unidos, de esta intentona golpista, que comenzó el viernes por la noche, cuando varias facciones de las Fuerzas Armadas de Turquía se sublevaron contra el presidente.

Estado de emergencia: derechos constitucionales afectados

El presidente Erdogan decretó el miércoles el estado de emergencia durante tres meses en todo el territorio turco. La decisión fue adoptada durante una reunión de más de cinco horas del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar las medidas a tomar tras la sublevación militar.

«Con motivo del intento de golpe militar en Turquía, según el Artículo 120 de la Constitución, se introduce el estado de excepción durante tres meses con el objetivo de implementar medidas para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos de la forma más pronta y eficaz», declaró el mandatario turco.

Esta medida de excepción permite a las autoridades imponer severas restricciones a derechos constitucionales, como son las libertades de movimiento, reunión y expresión. Además, el Gobierno turco podrá imponer toques de queda, hacer registros sin autorización judicial previa e, incluso, suspender contratos laborales.

Además, durante los próximo tres meses, las autoridades podrán prohibir o censurar publicaciones de prensa, radio y televisión, así como actuaciones culturales como obras de teatro o películas. La importación de publicaciones extranjeras quedará sujeta a autorización previa.

60.000 personas cesadas, despedidas y apartadas de sus cargos

Y mientras, continúan las purgas en el Ejército y el poder judicial, así como en varios ministerios y en el sector privado. Aproximadamente, 60.000 personas han sido cesadas, despedidas y apartadas de sus cargos desde el sábado.

Hasta el momento, al menos 620 instituciones académicas han sido cerradas, 21.000 maestros de enseñanza privada han sido despedidos, 1.600 decanos universitarios forzados a dimitir y 15.200 funcionarios del ministerio de Educación han perdido su trabajo, según informaciones del ministerio de Educación, recogida por los medios, entre ellos, la Agencia semiestatal Anadolu.

El sector educativo es uno de los más afectados, ya que el Gobierno turco quiere acabar con el movimiento educativo y cultural que el clérigo Gulen tiene en Turquía en forma de universidades, escuelas y centros educativos privados, entre otros.

En el ministerio de Interior, más de 8.500 trabajadores han sido suspendidos, la mayoría de ellos policías. A esta alarmante cifra, hay que sumar los casi 3.000 jueces y fiscales cesados de su cargo, así como los 1.500 empleados del ministerio de Finanzas despedidos.

El resto de destituciones afectan a clérigos y maestros religiosos, trabajadores de la oficina del primer ministro y miembros de los servicios de inteligencia.

Casi 11.000 detenidos, la mayoría de ellos militares

El presidente Erdogán aseguró este miércoles que un total de 10.937 personas han sido arrestadas en Turquía desde la sublevación militar del pasado viernes. El mandatario turco confirmó estas detenciones en una entrevista con la televisión árabe Al Jazeera, en la que analizó el fallido intento de golpe, tras el cual han sido arrestados más de 6.000 militares y un centenar de policías, además de numerosos jueces y fiscales.

Retirada de licencias a medios y bloqueo de Wikileaks

El Consejo Supremo Autodiovisual Turco (RTÜK) anunció el martes, antes de decretar el estado de emergencia la retirada de licencias de 24 compañías de medios de comunicación por supuestos vínculos con el clérigo Gülen.

Por otro lado, una edición especial de la revista satírica turca ‘Leman’, en la que se alude al fallido golpe de Estado, no ha llegado esta semana a los kioscos al prohibir la Policía la distribución desde la imprenta.

Además, el Gobierno de Erdogan ha restringido el acceso a los casi 30.000 mails y documentos institucionales publicados por WikiLeaks. Los correos provienen del dominio adjudicado al partido AKP, que lidera el Ejecutivo, y se remontan al año 2010. Según confirmó Wikileaks, el material habría sido obtenido una semana antes del fallido golpe y publicado en respuesta a las purgas gubernamentales. Tras la difusión de los documentos, el portal fue hackeado y bloqueados sus servidores en todo el territorio turco.

Restablecer la pena de muerte

El viceprimer ministro, Numan Kurtumulus, ha anunciado este jueves que Turquía suspenderá temporalmente la aplicación del Convenido Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en el país. Con esta medida, el Gobierno turco podrá restablecer la pena de muerte, abolida en2002, aunque debería cambiar la Constitución.

Ya a principios de esta semana, el presidente turco declaró que estaría dispuesto a restablecer la pena capital si los legisladores apoyaban la medida en el Parlamento. En una entrevista al canal estadounidense CNN, Erdogan afirmó que los ciudadanos turcos quieren que se aplique la pena de muerte a los organizadores del golpe. «El pueblo ahora, tras tantos incidentes terroristas, cree que estos terroristas deberían morir», afirmó el presidente turco, añadiendo: «¿Por qué tengo que mantenerlos y alimentarlos en cárceles durante años?».

No obstante, tendremos que esperar para ver si la deriva autoritaria que sufre Turquía acaba en un restablecimiento de la pena capital.

María Jesús Vigo Pastur

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