Joseph Stiglitz renuncia de comité especial que estudia sistema financiero panameño

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PANAMA. La renuncia del nobel de economía Joseph Stiglitz al comité especial creado por el Gobierno panameño para revisar su neurálgico sistema financiero ha sido recibida con sorpresa por analistas del país, que intenta lavar su imagen tras el escándalo mundial de los llamados papeles de Panamá.

El Gobierno informó el viernes de que Stiglitz y el experto suizo Mark Pieth habían renunciado al comité de expertos, y que entendía la decisión como el resultado de “diferencias internas” sobre las cuales la Administración de Juan Carlos Varela “no va a entrar” en detalles.

Según la versión de otro miembro de la comisión, el costarricense Roberto Artavia, el premio nobel 2001 y economista antiglobalización renunció porque consideró censura que los informes emitidos por el ente especial solo fueran publicados tras la autorización del Gobierno.

En una carta publicada por la cadena local TVN, Artavia, doctor en economía de la Universidad de Harvard (EE.UU.) asegura que en junio pasado Stiglitz había manifestado a sus colegas la posibilidad de su renuncia por la restricción.

También recuerda en la misiva que el artículo 7 de la comisión establece la autoridad exclusiva del Ejecutivo sobre el contenido del trabajo del ente y el compromiso de sus miembros de no hacer públicos sus resultados.

Sorprende

La salida de “los dos miembros internacionalmente más importantes, más conspicuos” de la comisión especial “sorprende”, dijo a Efe el internacionalista y excanciller panameño Nils Castro.

La renuncia de Stiglitz y Pieth “cae muy mal, porque es inoportuno. Cae mal dado que se trató de un escándalo que le hizo daño a Panamá, la creación de la comisión servía para recuperar confianza en el Gobierno de Panamá, que parecía estar haciendo algo al respecto”, dijo Castro.

El abogado panameño y experto en materia constitucional Ernesto Cedeño tildó de “bien delicada” la situación, y opinó que lo mejor que podría hacer el Ejecutivo de Varela es publicar los informes de la comisión especial.

“Creo que el Gobierno sí debe publicar los avances que hicieron los técnicos (de la comisión especial) porque si no, se pudiera dar a entender de que tenían razón y hay opacidad en el manejo de la información y yo creo que eso no nos favorece como país”, declaró Cedeño a Efe.

Si la imagen de Panamá “está afectada” internacionalmente por el escándalo de la filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, “lo menos que nosotros y la ciudadanía debe esperar es saber a qué solución o conclusión ha llegado” la comisión, argumentó el abogado.

También consideró contraproducente que los miembros panameños de la comisión Álvaro Alemán Subieta, exadministrador del Canal de Panamá, y Gisela Álvarez, exministra de Comercio, “estén tratando de desacreditar” a Stiglitz y Pieth.

Alemán indicó el viernes en su cuenta de Twitter que la renuncia de Stiglitz y Pieth fue “por querer hacer caso mundial alrededor (de) PanamaPapers. Esto no se encomendó. Actuamos independiente y transparente”.

La exministra Álvarez dijo asimismo que “los señores Stiglitz y Pieth tenían una agenda propia, no orientada a estudiar Panamá, ni hacer recomendaciones puntuales”, según publicó la prensa local.

Completan el comité especial el expresidente panameño Nicolas Ardito Barletta, y el alto ejecutivo privado Domingo Latorraca.

El informe

El comité de expertos, creado “para evaluar las prácticas del centro de servicios financieros”, uno de los pilares de la economía de Panamá junto con la logística y el turismo, entregó un “informe preliminar”, según informó el Gobierno el pasado 21 de julio sin difundir su contenido.

El Gobierno aseguró ayer que había “autorizado a los miembros activos del comité a publicar este reporte (preliminar) cuando lo estimen necesario”.

Agregó que dicho informe “incluía recomendaciones para la modernización y transparencia de la plataforma financiera del país, muchas de las cuales ya están en marcha y/o en evaluación”.

Cuando la comisión fue instalada se informó que en los primeros tres meses debía presentar un informe preliminar, y que podía pedir un plazo adicional de hasta dos meses para entregar el documento final.

La instalación del comité fue el primer paso del Gobierno de Varela para hacer frente al vendaval desatado por la filtración de documentos de Mossack Fonseca, que dejó al descubierto miles de sociedades “offshore” -una figura jurídica legal- de personalidades de todo el mundo, levantando sospechas de evasión de impuestos y ocultamiento de fortunas.

Francia reinsertó a Panamá en su lista de paraísos fiscales a causa del escándalo.