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jueves, abril 15, 2021

El Gran Hermano de Putin: una sociedad de vigilancia masiva y represión generalizada

MOSCÚ. Dentro de dos años, si nada ni nadie lo remedia, la Rusia de Vladímir Putin se parecerá un poco más a los Estados Unidos de la “guerra antiterrorista” iniciada tras el 11-S y al mundo descrito por George Orwell en su célebre novela “1984”.

Una ley promulgada hace dos días por el presidente ruso dentro de un paquete de reformas legales con el pretexto de la lucha antiterrorista, obligará a partir de julio de 2018 a los operadores de telefonía e internet a grabar y almacenar durante seis meses todas las conversaciones de sus ciudadanos.

“Putin ha firmado una ley represiva, que además de violar los derechos humanos, es contraria al sentido común”, escribió en su Twitter Edward Snowden tras conocerse la noticia.

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, exiliado en Rusia por denunciar un sistema de espionaje similar en su país de origen, calificó la iniciativa de “ley del Gran Hermano”, en alusión al invisible pero omnipresente personaje de la obra de Orwell, que describe una sociedad de vigilancia masiva y represión generalizada.

La ley “llevará a la eliminación de facto de las garantías constitucionales sobre la defensa de datos personales y la inviolabilidad de la vida privada”, advirtió el Consejo de Derechos Humanos dependiente del Kremlin, que había pedido a Putin que vetara el llamado “paquete antiterrorista”.

Las compañías de telefonía móvil y los proveedores de internet afectados (redes sociales, servicios de mensajería e incluso tiendas de compra en línea, entre otros), han puesto en el grito en el cielo y han advertido de que los costes de poner en práctica la normativa costará decenas de miles de millones de dólares.

Todos los cálculos pueden quedarse cortos en un país de 145 millones de habitantes, porque es ingente la cantidad de datos que deberán guardar los operadores, incluidos mensajes de texto, grabaciones de audio y vídeo.

“Si media ciudad decide descargase todas las temporadas de ‘Juego de Tronos’ y la obligación es guardar esos datos durante medio año, resultan inimaginables las capacidades de almacenamiento que serán necesarios para cumplir con la ley”, dijo a Efe un experto en tecnologías de información.

Incluso el ministro de Comunicación ruso, Nikolái Nikíforov, ha reconocido que como poco, las tarifas telefónicas y de internet pueden multiplicarse por cuatro.

Con su firma, Putin también dio luz verde a la inclusión de un nuevo delito en el Código Penal ruso: a partir de ahora, “la incitación, reclutamiento u otra forma de inducción” a participar en desórdenes públicos serán castigados con penas de cárcel de entre cinco y diez años.

Los disturbios que vivió Moscú en mayo de 2012 -cuando la policía dispersó a un grupo de opositores que con una sentada en la calle intentaron iniciar una protesta indefinida- fue calificada por la Justicia de desórdenes públicos y varios de sus participantes fueron condenados a sendas penas de prisión.

Ahora que quedan dos meses para las elecciones parlamentarias rusas, las pocas voces que le quedan a la oposición liberal recuerdan que esos hechos se produjeron en medio de multitudinarias protestas, sin precedentes en más de quince años, en las que cientos de miles de personas salieron a la calle para denunciar fraude en las legislativas de 2011 y las presidenciales de 2012.

“Creo que el paquete antiterrorista es un mensaje a la sociedad. ¿Os creéis que sólo les pasan cosas a la gente conocida? ¿A Nemtsov (líder de la oposición liberal asesinado en febrero de 2015)? No, a ti también te podemos coger”, dijo el escritor y periodista Víktor Shenderóvich, conocido por sus duras críticas al Kremlin.

Cada uno de los ciudadanos, agregó, “a quien todavía le quede algún deseo de expresar su posición civil, debe saber que puede ser encarcelado en cualquier momento”.

El “paquete antiterrorista” endurece los castigos por prácticamente todos los delitos relacionados con el terrorismo y el extremismo y además rebaja hasta los 14 años la edad mínima a la que un adolescente puede ser juzgado por la vía penal por este tipo de crímenes y por participar en desórdenes públicos.

Incluso por no informar a las autoridades de que se está preparado un delito de naturaleza terrorista o extremista -otra incorporación al Código Penal- podrá ir a prisión un menor de edad.

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