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sábado, enero 16, 2021

América Latina fortalecerá sistemas de protección social con enfoque multidimensional

SANTO DOMINGO. Tras dos días de diálogo e intercambio de experiencias, representantes de diferentes países de la región reunidos en el VIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, acordaron fortalecer los sistemas de protección social mediante la implementación de políticas intersectoriales y con un enfoque multidimensional dirigido a erradicar la pobreza y la vulnerabilidad.

Los ministros, viceministros y funcionarios de gobiernos de la región, firmaron la “Declaración de Santo Domingo”, documento en el que establecieron la necesidad de encontrar medidas de bienestar y progreso multidimensional que complementen la medida tradicional de la pobreza, más allá del ingreso, centrándose en el fortalecimiento y ampliación de los sistemas de protección social y la reducción de la desigualdad y la exclusión.

Según un comunicado de la Vicepresidencia, los ministros y representantes discutieron el avance del modelo latinoamericano de progreso hacia un concepto multidimensional, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que trascienda el uso del ingreso per cápita, el ritmo del crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (PIB) como criterios para medir el nivel de desarrollo.

En este marco, se comprometieron a profundizar en la aplicación de instrumentos de medición multidimensional de la pobreza, que sirven para guiar las políticas públicas de cada país, enriqueciendo el análisis para incluir dimensiones ausentes como variables ambientales, exposición a catástrofes, calidad de los servicios –que trasciende la cobertura- o el acceso a la justicia, entre otros.

Además, se identificaron tres grandes desafíos en la construcción del progreso multidimensional que los participantes en el Foro se comprometieron a enfrentar: trascender la lógica de que los países de renta media se ‘gradúan’ al alcanzar un determinado nivel de ingreso, generar sistemas que capturen dimensiones ausentes del bienestar, y la construcción de políticas intersectoriales, holísticas y universales para dar respuesta a los problemas multidimensionales del desarrollo.

Dadas las restricciones fiscales existentes, otro de los compromisos acordados fue mejorar la protección social en el marco de la responsabilidad fiscal. Enfatizaron que cada país debe adaptar sus cargas tributarias de acuerdo con sus circunstancias específicas, fortalezas y debilidades, y llegar a un consenso social duradero en cuanto a la necesidad de fondos para implementar un sistema de protección social más fuerte y amplio.

El documento señala que en América Latina y el Caribe, las mujeres cargan con la mayor parte de las responsabilidades del hogar y el cuidado infantil, lo que las sitúa de manera desproporcionada en riesgo de caer en la pobreza. Este es uno de los mayores retos que la nueva generación de sistemas de protección social debe abordar. Del mismo modo, las poblaciones indígenas y afrodescendientes han sido históricamente dejadas atrás, con menores niveles de cobertura.

Plantea que los sistemas de protección social deben convertirse en un continuo de protección, con diferentes programas disponibles en distintas etapas de la vida de las personas, incluyendo a mujeres embarazadas, niños, jóvenes en edad de trabajar y adultos mayores. Estos deben incluir tanto los riesgos sociales y ambientales como la implementación de un piso mínimo de servicios extendidos a lo largo del ciclo de vida de los ciudadanos.

Asimismo, indica que es preciso reconocer la necesidad de combinar y articular programas y sectores, ya que problemas multidimensionales necesitan respuestas multi e inter-sectoriales. Por ejemplo, la creación de una “ventanilla única” para todos los programas sociales podría mejorar su eficiencia general, aumentar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta a las crisis.

En un momento de fragilidad económica global y grandes desafíos en la región, el reto es la sostenibilidad de los logros alcanzados en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad en todas sus dimensiones. De esta forma, es imperativo un impulso de las políticas y estrategias inclusivas e integrales, adaptadas a poblaciones que sufren discriminaciones y exclusiones históricas.

Según las autoridades reunidas, la Agenda 2030 invita a replantear las políticas públicas en cada país e identificar intervenciones que permitan avanzar en la consecución de los ODS. El crecimiento económico y la salida de la pobreza solos no bastan, también es necesario evitar que las personas vuelvan a caer en ella.

Margarita Cedeño

Para la vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, el reto más importante de la región es la desigualdad social. Planteó la necesidad de políticas de inclusión social con enfoque de derechos y ciclo de vida, con perspectivas de género e intercultural.

“La región, poco a poco ha ido desarrollando mejores habilidades para el desarrollo económico. Con altas y bajas vamos perfeccionando nuestro camino hacia el bienestar monetario. Pero la redistribución de esos ingresos es la tarea más importante que debemos acometer para hacer realidad la Agenda 2030. ¡La desigualdad social ya no se aguanta!”, sostuvo la Vicemandataria.

Dijo que para que exista una mayor correlación negativa entre la desigualdad y el crecimiento económico, es imprescindible romper con la heterogeneidad de la estructura productiva, propiciando una mayor formalización del mercado laboral y elevando la productividad del trabajador.

“Lo que nos plantea esta matriz es la necesidad de atender el mercado laboral, porque es allí donde se está generando una acentuada desigualdad de ingreso en los hogares. Una gran proporción de los empleos, alrededor de un 50% está en sectores de baja productividad, con un escaso o nulo acceso a la protección social”, indicó.

Sostuvo que si se mantienen o profundizan los bajos niveles de crecimiento, así como las tasas bajas del volumen de comercio mundial, esto traerá consigo una disminución significativa en el empleo formal y, por ende, una mayor presión a los indicadores que influyen en la desigualdad social, por los que sugirió generar políticas sociales que aminoren el impacto de estos factores.

Propuso enfocar las políticas sociales en la capacitación de la mano de obra, el apoyo a la innovación, investigación y el desarrollo, para que de esa manera se genere una mayor productividad relativa y que los empleos se concentren cada vez más en sectores competitivos.

Jessica Faieta

“La ‘Declaración de Santo Domingo’ pone a las personas en el centro de las políticas públicas”, dijo la subsecretaria General de la ONU y Directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Jessica Faieta. “Enfrentar la multidimensionalidad de los desafíos de desarrollo permite mejorar las intervenciones y políticas públicas enfocadas en quienes viven debajo de la línea de pobreza, así como las reflexiones sobre la necesidad de mirar también por encima de esta línea”, agregó.

Alicia Bárcena

A su vez, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó que ‘el desarrollo sostenible ocurre cuando existe una articulación virtuosa entre las políticas económicas, sociales y ambientales, sustentadas por una sólida institucionalidad”.

Aseguró que “el desarrollo social inclusivo es hoy un imperativo que nos presiona a mejorar la calidad en todos los ámbitos de las políticas sociales, sobre la base del enfoque de derechos, y trabajar de manera activa para romper con los ejes que estructuran y reproducen la desigualdad social en la región”.

Señaló que en el documento se plasma el compromiso de buscar vías más eficientes y sostenibles para promover el avance de la Agenda 2030 en forma integrada, respetando las prioridades nacionales.

También contempla implementar una nueva generación de sistemas de protección social con énfasis en la sostenibilidad del progreso alcanzado, y que incluya políticas intersectoriales, holísticas y universales, para dar respuesta a los problemas del desarrollo.

El Foro, organizado por el PNUD, la CEPAL y la Vicepresidencia de la República Dominicana, sirvió de plataforma para afianzar el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.

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